Bolivia, que durante años destacó por sus reservas y producción de hidrocarburos, ahora busca abastecer parte de su demanda energética mediante la importación de combustibles.
En ese contexto, el Decreto Supremo 5755 habilita al sector privado a importar gas natural y Gas Licuado de Petróleo (GLP) para su propio consumo y para la generación de energía eléctrica, sin autorizar su reventa. La medida abre nuevas posibilidades de abastecimiento, pero también plantea desafíos relacionados con la logística, el transporte y las condiciones necesarias para garantizar el suministro.
El gas natural representa alrededor del 25% de la energía utilizada para generar electricidad en el país, mientras que el diésel también cumple un papel importante en el sistema energético nacional.
Ante este escenario, el reto consiste en establecer mecanismos eficientes para importar y distribuir estos recursos, además de definir políticas energéticas de largo plazo. La implementación de la nueva normativa podría marcar una etapa de cambios en el abastecimiento energético boliviano, en un contexto en el que el país busca responder a la demanda interna y reducir los riesgos de escasez.
