De las 28 personas identificadas por Estados Unidos en sus comunicados del 28 de septiembre y el 22 de octubre, ocho están vinculadas al Ministerio Público y otras ocho al Órgano Judicial. De los fiscales señalados, cuatro cumplen detención preventiva. Entre las autoridades judiciales mencionadas, algunos jueces y magistrados continúan en sus funciones, mientras que otros dejaron sus cargos o solicitaron licencia.
Los cuatro exfiscales detenidos son Roger Mariaca, exfiscal general del Estado; Martín Daniel Irusta, exfiscal superior; Alberto Zeballos, exfiscal departamental de Santa Cruz; y Armando Rojas Toledo, excoordinador de fiscales de La Paz. Los cuatro cumplen detención preventiva en el marco de investigaciones por presuntos delitos vinculados con el narcotráfico y la organización criminal. Estas medidas cautelares no representan una condena definitiva.
Entre los otros fiscales identificados figuran Juan Lanchipa, exfiscal general del Estado; Álvaro Nava, exfiscal superior; Félix Balderas, exfiscal departamental de Beni; y Julio César Porras, exfiscal de Sustancias Controladas de Santa Cruz. Según el fiscal general interino, José Armando Urioste, Balderas y Porras fueron desvinculados del Ministerio Público antes de la publicación de la segunda lista. En el caso de Lanchipa, hasta la fecha no se había reportado públicamente una detención relacionada con estas listas.
En el ámbito judicial, ocho personas fueron identificadas en las listas de Estados Unidos. Aldo Quezada Cerruti renunció a la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, mientras que Julio Alba Flores solicitó licencia de su cargo en la misma institución. Entre las otras seis personas figuran Albania Caballero Saavedra y Rosario Flores Paniagua, quienes continúan como juezas en Santa Cruz; Rodrigo Vedia Espinoza, juez en La Guardia; e Israel Campero, quien anteriormente se desempeñó como vocal de la Sala Constitucional. Completan la lista Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia, y José Ayaviri Siles, exjuez penal.
Las listas también incluyen a diputados, exjefes policiales, exautoridades administrativas y personas del sector privado. Estados Unidos sostiene que las restricciones buscan combatir la corrupción y el narcotráfico; sin embargo, figurar en estas nóminas no equivale a una sentencia judicial en Bolivia. Mientras cuatro de los ocho fiscales identificados cumplen detención preventiva, otros señalados dejaron sus cargos y algunos continúan en funciones. Queda pendiente conocer qué acciones asumirán las instituciones bolivianas respecto a las personas que todavía no fueron detenidas y si las investigaciones derivarán en nuevas medidas judiciales.
