El presidente Rodrigo Paz promulgó la ley de depósitos judiciales, que establece un plazo de cinco años para solicitar la devolución de estos recursos, contado desde que la resolución que autoriza el reembolso quede ejecutoriada. Si no existe un reclamo dentro de ese periodo, el Órgano Judicial deberá publicar el listado de depósitos en dos oportunidades, con cinco días de intervalo, y conceder un mes adicional para que las personas con interés legítimo soliciten su devolución. Si no se presenta una reclamación válida, los recursos serán declarados prescritos y pasarán a favor del Órgano Judicial.
La norma excluye los depósitos vinculados a derechos protegidos y aquellos sujetos a un régimen especial establecido por la Constitución Política del Estado o por otras leyes. Según un análisis realizado hasta la gestión 2021, existirían alrededor de Bs 1.000 millones en depósitos judiciales, de los cuales cerca de Bs 300 millones podrían estar disponibles para su transferencia al Órgano Judicial, un monto equivalente a aproximadamente una cuarta parte de su presupuesto anual.
