La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de imponer restricciones de visa a 15 ciudadanos bolivianos y sus familiares directos abrió un nuevo capítulo en el debate sobre la corrupción, el narcotráfico y la presunta penetración de redes delictivas en instituciones públicas.
El anuncio, difundido este jueves por el secretario de Estado, Marco Rubio, incluye a legisladores, fiscales, jueces, exautoridades policiales y funcionarios vinculados a organismos estatales, además de un ciudadano particular. La medida forma parte de una política migratoria estadounidense que apunta a personas extranjeras cuyas actividades, según Washington, socavan a los gobiernos elegidos democráticamente en el hemisferio.
La lista reúne perfiles con trayectorias y antecedentes muy diferentes. A continuación los 15 nombres bajo la lupa
Rafael Darío López Mercado
- Rafael Darío López Mercado es diputado nacional por Alianza Libre y ejerció anteriormente como parlamentario entre 2010 y 2015, bajo la alianza Convergencia-PPB. En la actualidad, su nombre también está asociado a las disputas internas de su organización política, después de encabezar una facción disidente que se enfrentó a la dirigencia tradicional y promovió una bancada paralela en la Cámara de Diputados.
Uno de los episodios más delicados de su trayectoria se remonta a noviembre de 2010, cuando fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola tras un accidente de tránsito en el Plan Tres Mil de Santa Cruz, en el que un niño de nueve años resultó gravemente herido y quedó en estado de coma.
- Rolando Santos Pacheco Chávez
Rolando Santos Pacheco Chávez es diputado nacional por Alianza Popular y anteriormente fue concejal municipal de Santa Cruz de la Sierra, cargo que ejerció bajo las siglas del Movimiento al Socialismo (MAS). Su nombre cobró notoriedad tras la difusión de supuestos audios que lo vincularían con conversaciones sobre las actuaciones del exfiscal departamental Roger Mariaca y el presunto manejo de influencias dentro del sistema judicial cruceño.
El contenido de esas grabaciones generó cuestionamientos sobre las relaciones entre actores políticos y operadores de justicia.
- Juan Lanchipa Ponce
Juan Lanchipa Ponce fue fiscal general del Estado entre 2018 y 2024, durante las presidencias de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce. Su administración estuvo marcada por cuestionamientos sobre la independencia del Ministerio Público y las decisiones asumidas en casos de relevancia política.
En octubre de 2024, durante las últimas semanas de su mandato, protagonizó una de las controversias más fuertes de su gestión al destituir a la entonces fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez. La exautoridad denunció que su alejamiento buscaba frenar una orden de aprehensión y detener la investigación contra Evo Morales por presuntos delitos de estupro y trata de personas. Lanchipa negó esos señalamientos.
- Félix Gerardo Balderas Arteaga
Félix Gerardo Balderas Arteaga se desempeñó como fiscal departamental de Beni entre 2023 y octubre de 2026. Durante su gestión participó en labores de coordinación interinstitucional vinculadas a operativos contra el narcotráfico, que incluyeron incautaciones de sustancias controladas y aeronaves en esa región.
- Julio César Porras Velarde
Julio César Porras Velarde se desempeñó como fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz, una instancia vinculada a la persecución penal de delitos relacionados con drogas. A comienzos de octubre de 2026, su nombre apareció en publicaciones periodísticas que aseguraban que había sido aprehendido por presuntos vínculos con la estructura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Porras Velarde rechazó esas versiones, negó haber sido detenido y afirmó que continuaba trabajando con normalidad.
- Diego Alejandro Barboza Zeballos
Diego Alejandro Barboza Zeballos fue director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), organismo encargado de recibir, analizar y procesar información relacionada con operaciones financieras sospechosas. Antes de asumir esa responsabilidad, a comienzos de 2026, trabajó en la Aduana Interior de La Paz y en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra.
Poco antes de conocerse las restricciones de visa estadounidenses, Barboza denunció públicamente la presunta existencia de una red interna de extorsión y chantaje financiero que habría operado en anteriores gestiones de la UIF. Según sus declaraciones, exfuncionarios habrían utilizado informes de inteligencia financiera para presionar a empresarios, comerciantes y opositores políticos, presuntamente en coordinación con integrantes del Ministerio Público. Las acusaciones apuntaban también al entorno del exfiscal general Roger Mariaca.
- Aldo Ismael Quezada Cerruti
Aldo Ismael Quezada Cerruti ocupa la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y cuenta con trayectoria en el ámbito judicial y tributario, además de formación doctoral. Durante su gestión enfrentó cuestionamientos por problemas administrativos y dificultades en el funcionamiento de juzgados y salas judiciales.
- Fernando Ronald Velasco Soliz
Fernando Ronald Velasco Soliz fue jefe de Seguridad Aeroportuaria de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. Su cargo estaba relacionado con las labores de control destinadas a impedir el traslado de sustancias controladas a través de la principal terminal aérea del país.
En julio de 2023, su nombre apareció en las investigaciones del denominado caso «Narcovuelo», después de que se detectara el envío de aproximadamente media tonelada de cocaína en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) que llegó al aeropuerto de Barajas, en Madrid, España. Según los antecedentes proporcionados, Velasco fue aprehendido en el marco de las pesquisas por el cargamento que logró salir del país pese a los controles aeroportuarios.
- Freddy Bismarck Pereira Molina
Freddy Bismarck Pereira Molina desarrolló su carrera en la Policía Boliviana y ocupó distintos cargos jerárquicos, entre ellos el de subcomandante de la Policía de Chuquisaca y director nacional de Salud y Bienestar Social.
En octubre de 2024 fue designado director general de la FELCN. Posteriormente asumió el cargo de comandante departamental de la Policía en Tarija.
- Oscar Mauricio Ortiz Cuéllar
Oscar Mauricio Ortiz Cuéllar es director departamental del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) en Santa Cruz.
- Katherine Calderón Valle
Katherine Calderón Valle fue directora general de Migración, cargo al que llegó en noviembre de 2020 durante el gobierno de Luis Arce. Inició su trayectoria profesional en el control fronterizo como inspectora en el aeropuerto internacional de Viru Viru y posteriormente participó en labores relacionadas con la regularización de ciudadanos extranjeros, la apertura de puestos fronterizos y el cumplimiento de alertas judiciales.
Uno de los episodios más controvertidos de su gestión se produjo en diciembre de 2022, cuando firmó una orden de expulsión obligatoria contra el activista cubano Mag Jorge Castro, quien había publicado mensajes críticos contra gobiernos extranjeros aliados del Ejecutivo boliviano.
- José Ayaviri Siles
José Ayaviri Siles fue juez de Ejecución Penal y tuvo entre sus responsabilidades el control del cumplimiento de sentencias, la supervisión de las condiciones de los privados de libertad y la evaluación de beneficios penitenciarios conforme a la normativa vigente.
En febrero de 2022, durante la fiscalización de juzgados posterior al escándalo protagonizado por el denominado psicópata Richard Choque, el Ministerio de Gobierno lo señaló por un supuesto patrón irregular en la concesión de beneficios penitenciarios.
- Armando Rojas Toledo
Armando Rojas Toledo fue fiscal coordinador en La Paz y ocupó una posición desde la que supervisaba y articulaba labores de distintas fiscalías y divisiones penales. Su nombre adquirió relevancia en octubre de 2026, cuando fue aprehendido por efectivos de la FELCN en su domicilio.
Posteriormente, un juez dispuso su detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro de Oruro. La investigación lo vincula presuntamente con una estructura relacionada con el exfiscal general Roger Mariaca y lo señala como posible encargado de recaudar dinero mediante cobros y extorsiones.
La imputación mencionada incluye los presuntos delitos de organización criminal y tráfico ilícito de sustancias controladas en grado de encubrimiento. Rojas se acogió a su derecho a guardar silencio durante su declaración informativa.
- Rony Suárez Milliet
Rony Suárez Milliet es un empresario de Santa Cruz de la Sierra cuyo nombre apareció en investigaciones relacionadas con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera. En agosto de 2023, el Ministerio de Gobierno lo identificó públicamente como una persona presuntamente vinculada al manejo financiero de su entorno.
De acuerdo con los organigramas oficiales descritos en el material proporcionado, Suárez habría recibido importantes sumas de dinero en efectivo para constituir empresas que supuestamente servían como fachada para legitimar ganancias ilícitas. También se indicó que en un inmueble de su propiedad funcionaban cuatro firmas comerciales, de las cuales solo una registraría actividad real.
- Julio Nelson Alba Flores
Julio Nelson Alba Flores es juez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y ha participado en actividades de coordinación institucional relacionadas con el descongestionamiento penitenciario, incluidas jornadas en Palmasola y en el centro de menores CENVICRUZ.
