Varios legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional plantearon que se active un juicio de responsabilidades contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, si se confirman las acusaciones de corrupción difundidas por Estados Unidos, y algunos también pidieron que deje el cargo mientras se desarrolla una investigación.
Los pronunciamientos surgieron después de que el Departamento de Estado de EE. UU. incluyera a Mariaca y a otros ciudadanos bolivianos entre las personas alcanzadas por restricciones de visa, señalándolo de presuntamente solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico, acusaciones que el Fiscal General rechazó.
