El actual fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, fue uno de los vocales de la Sala Constitucional Cuarta que, en abril de 2023, recurrió a ChatGPT durante una audiencia para consultar criterios jurídicos en un proceso contra tres periodistas.
La resolución ordenó retirar de redes sociales imágenes difundidas en una publicación informativa sobre una presunta agresión.
El caso provocó cuestionamientos de organizaciones periodísticas y juristas por el uso de inteligencia artificial en una decisión judicial y por la vía procesal empleada.
¿Cómo comenzó el caso?
El conflicto se originó en marzo de 2023, cuando los periodistas Marco Zabala, Ariel Vargas y Alberto Ruth difundieron información sobre un supuesto caso de violencia contra una mujer, acompañada de fotografías en las que se observaban lesiones y moretones.
Según los antecedentes recogidos en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0104/2024-S3, la mujer, identificada en el proceso como Angie Soto, presentó una acción de protección de privacidad contra los periodistas.
Alegó que se habían difundido imágenes suyas sin autorización y que las publicaciones afectaban sus derechos a la intimidad, la imagen, la honra y la reputación. Solicitó que se retiraran las fotografías y que no se siguieran difundiendo.
Los periodistas sostuvieron que habían publicado el material después de recibir información y fotografías relacionadas con una denuncia de violencia por la misma mujer.
Su defensa argumentó que su actuación correspondía al ejercicio periodístico y cuestionó que el caso se tramitara sin considerar la Ley de Imprenta.
¿Qué hizo López durante la audiencia?
El 17 de abril de 2023, López y el vocal Diego Ramírez Cruz, integrantes de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, participaron en la audiencia virtual en la que se resolvió la acción de protección de privacidad.
Durante la audiencia, los vocales recurrieron a ChatGPT para consultar criterios relacionados con la publicación de imágenes en redes sociales, el derecho a la privacidad y la posibilidad de ordenar que el material fuera retirado. Las consultas se realizaron durante el acto judicial y fueron observadas por los periodistas y sus representantes.
La IA, según reportes de prensa de la fecha, respondió que la difusión podía vulnerar la privacidad y la dignidad de la persona, y planteó que el tribunal podía ordenar la eliminación de las imágenes si consideraba que esa medida era necesaria y proporcionada para proteger sus derechos.
La Sala Constitucional concedió la tutela solicitada a la mujer y ordenó eliminar las imágenes de las publicaciones de los periodistas.
El antecedente vuelve a la agenda pública
El caso fue recordado este viernes por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), que pidió al ahora fiscal departamental de Santa Cruz objetividad y respeto al debido proceso ante el anuncio de investigaciones a periodistas que habrían prestado servicios a exfuncionarios de la Fiscalía.
La ANPB planteó que, antes de impulsar acciones penales, el Ministerio Público debe establecer si los hechos denunciados constituyen delitos o corresponden a servicios publicitarios y comunicacionales, y advirtió contra la generalización de sospechas sobre los trabajadores de la prensa.
Fuente: Sala de redacción En Conexión
