La justicia boliviana enfrenta una de sus mayores dificultades, según el Índice de Estado de Derecho 2026, publicado por el World Justice Project a finales de octubre.
El informe ubica a Bolivia en el puesto 130 de 143 países a nivel mundial y en el lugar 29 de 32 naciones de América Latina, por encima únicamente de Nicaragua, Haití y Venezuela. La situación es aún más preocupante en el ámbito de la justicia penal, donde el país ocupa el puesto 142, el penúltimo a nivel mundial.
Ante estos resultados y los recientes escándalos de presunta corrupción que involucraron a altas autoridades judiciales, legisladores señalaron la necesidad de impulsar una profunda reforma del sistema de justicia.
Además, cuestionaron su funcionamiento y plantearon la importancia de adoptar medidas para recuperar la confianza de la población en las instituciones judiciales.


