Las protestas contra el ahora expresidente de Paraguay, Santiago Peña, se multiplicaron el viernes en Asunción, donde ciudadanos, trabajadores, estudiantes y representantes políticos exigieron que el exjefe de Estado rindiera cuentas ante los tribunales por su presunta responsabilidad en la crisis financiera desatada tras la intervención del Banco Ueno.
Las imágenes grabadas durante el día muestran la movilización ciudadana, que coincidió con una sesión extraordinaria del Senado donde se llevó a cabo el juicio político contra Peña. La diputada Johanna Ortega expresó su esperanza de que el proceso culmine en una condena. «Ojalá termine con la condena del presidente Santiago Peña y que tenga que responder ante los tribunales por sus actos», declaró.
Entre los participantes también se encontraba la estudiante Elena Irrazabal, quien defendió el derecho de los ciudadanos a manifestarse y exigió la devolución de los ahorros afectados por la crisis bancaria. «Se llevaron las pensiones de nuestros abuelos, de nuestros tíos y tías, y estas personas no pueden quedar impunes», declaró.
Por su parte, Reinaldo Figuereldo, secretario del Centro Nacional de Trabajadores, sostuvo que la responsabilidad por el asunto financiero debería recaer tanto en Peña como en quienes participaron en la trama. «Tiene que ir a prisión, tiene que devolver todo lo que robó, pero también todos los cómplices y quienes lo encubrieron durante mucho tiempo», afirmó.
En la misma línea, el manifestante Luis Alberto Wagner describió el caso como un supuesto plan de saqueo organizado desde dentro del Gobierno y cuestionó las operaciones financieras relacionadas con el grupo propietario del Banco Ueno.
«La estructura mafiosa que utilizaron para llegar a esta situación es increíble (…) Jamás se había visto un saqueo como el que estamos presenciando ahora. Jamás, ni siquiera en la época colonial», afirmó Wagner, al tiempo que cifró los daños económicos en unos 3.000 millones de dólares.
La crisis estalló el 3 de noviembre, cuando el Banco Central de Paraguay intervino en el Banco Ueno por problemas de solvencia, una decisión que dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos. Las acusaciones derivaron en un proceso de destitución que culminó el viernes con la remoción de Santiago Peña por parte del Senado, que lo declaró culpable de un desempeño deficiente de sus funciones.
Posteriormente, la Fiscalía ordenó su detención en el marco de una investigación por presunto abuso de confianza y otros delitos, mientras que la Policía informó de que el exjefe de Estado fue detenido en su domicilio.
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