Las investigaciones contra exautoridades y fiscales presuntamente vinculados a redes de narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas han puesto en evidencia una crisis en el sistema judicial y el Ministerio Público.
El analista en seguridad pública, Ariel Torrez, advierte que la presunta participación de operadores de justicia en actividades criminales transnacionales refleja una preocupante pérdida de confianza en las instituciones y evidencia debilidades en los mecanismos de control estatal.
Para el experto, los casos que involucran a funcionarios de alto rango y a personas vinculadas con prófugos de la justicia internacional, como Sebastián Marset, hacen necesaria una revisión integral de los controles internos, la fiscalización financiera y los procesos de selección de personal en los aparatos judicial y policial.
