El viceministro de Lucha Integral contra el Narcotráfico, Dorian Badani, informó que entre el 18 y el 23 de octubre se logró una afectación económica de $us 2,7 millones al narcotráfico, mediante operativos ejecutados en ocho departamentos del país. Los procedimientos permitieron intervenir laboratorios de producción de cocaína y secuestrar más de dos toneladas de sustancias controladas, además de precursores químicos.
En Villa Tunari, Cochabamba, se intervino un laboratorio de cristalización de cocaína y varias fábricas móviles. Durante el operativo, ocho personas fueron aprehendidas, entre ellas ciudadanos colombianos y bolivianos. También se secuestraron armas de fuego, equipos de comunicación y recursos económicos.
Entre los principales resultados, las autoridades reportaron el secuestro de 971 kilogramos de marihuana en Beni; 530 y 198 kilogramos de esta sustancia en Santa Cruz; 161 kilos con 500 gramos en Potosí, cerca de la frontera con Chile; 122 kilos con 50 gramos de cocaína base en Cochabamba, y 41 kilos con 600 gramos de clorhidrato de cocaína en El Alto.
Asimismo, en el puesto de control de Locotal se interceptó un tractocamión que transportaba 2.500 kilogramos de carbonato de sodio sin documentación, un precursor químico que puede ser desviado a la producción ilícita de drogas.
Por su parte, el inspector general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, Luis Antonio Pérez, informó que, durante la gestión, se realizaron 9.345 operativos, se secuestraron más de 401 toneladas de sustancias controladas —17 toneladas de cocaína y 383 toneladas de marihuana, según el reporte oficial— y se destruyeron 554 laboratorios y fábricas. También se inhabilitaron 16 pistas clandestinas, se secuestraron 789 vehículos y 83 aeronaves, y se reportó la aprehensión de 2.654 personas. La afectación económica acumulada al narcotráfico alcanzaría los $us 131 millones.
Badani afirmó que la estrategia antidroga 2026-2030 se basa en inteligencia, interdicción y control fronterizo. Además, sostuvo que la lucha contra el narcotráfico debe constituirse en una política de Estado orientada a debilitar las estructuras criminales, reducir su capacidad operativa y combatir sus fuentes de financiamiento.
