El caso maderas generó una controversia entre Bolivia y Chile, mientras el sector maderero boliviano expresó su preocupación por las acusaciones sobre la presunta presencia de sustancias controladas en cargamentos de madera nacional.
Los representantes del sector sostienen que no existen elementos de convicción que demuestren dichas acusaciones y consideran que se vulneró el Tratado de 1904, por lo que exigen un resarcimiento económico por los daños ocasionados.
Según sus estimaciones, las pérdidas ascienden a $us 30 millones, además de la afectación de cerca de 20.000 empleos y la pérdida de acceso a 22 mercados internacionales, consecuencias que, aseguran, perjudican las exportaciones y la actividad económica de esta industria.
