La aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y de otros funcionarios del Ministerio Público abrió un debate jurídico sobre el proceso que corresponde, el respeto al debido proceso y la conducción temporal de la Fiscalía General del Estado.
Mientras Luis Montaño asumió de manera interina invocando la Ley 260, el Gobierno cuestionó esta sucesión y sostuvo que la nueva autoridad debe ser elegida por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Fuente: Sala de redacción En Conexión
