Hace 16 años, Bolivia intentó reducir la subvención a los combustibles, pero las protestas obligaron al gobierno de Evo Morales a dar marcha atrás. Desde entonces, el problema no fue solucionado y el costo para el Estado fue aumentando. En 2010, la subvención llegaba a unos 380 millones de dólares al año; en 2026, supera los 2.000 millones, mientras el país enfrenta además el contrabando y la falta de dólares para importar carburantes.
Actualmente, el Estado destina cada vez más recursos para comprar combustible en el exterior y venderlo a un precio menor dentro del país. Según los datos expuestos, esta situación representa una salida de más de 2.600 millones de dólares al año, lo que vuelve a poner la subvención en el centro del debate económico.
