Las comisiones encargadas de la intervención estatal extraordinaria de YPFB y la ANH identificaron, en sus primeras evaluaciones, deficiencias relacionadas con el desvío de rutas y la manipulación de sistemas para el control de combustibles. El Gobierno busca, mediante la intervención por 180 días, detectar y desarticular posibles redes internas vinculadas al desvío y la reventa de carburantes.



