La Paz, 16 de abr 2026 (ATB Digital).- La cuestionada Ley 1720 autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir, de manera voluntaria, la clasificación de pequeñas propiedades tituladas en medianas propiedades. Según sus impulsores, el objetivo de la norma es facilitar el acceso de pequeños productores a créditos dentro del sistema financiero.
Sin embargo, la disposición ha sido rechazada por diversas organizaciones campesinas e indígenas, que consideran que la ley es inconstitucional y podría afectar la seguridad jurídica sobre la tierra, además de abrir la puerta a procesos de concentración de la propiedad agraria.
En este contexto, la dirigencia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) anunció que en los próximos días se impulsarán movilizaciones a nivel nacional, con el objetivo de exigir la abrogación de la normativa.
El conflicto en torno a la Ley 1720 se perfila como un nuevo foco de tensión social, en medio de un debate sobre el acceso a la tierra, el financiamiento productivo y la protección de los derechos de los sectores rurales.
Fuente: Sala de redacción En Conexión
