La Paz, 29 de mayo 2026 (En Conexión).- El debate sobre una posible aplicación del estado de excepción en Bolivia vuelve a generar análisis jurídicos y políticos. Especialistas recuerdan que esta medida solo puede activarse bajo causales específicas como guerra, peligro para la seguridad del Estado o conmoción social, y debe cumplir estrictos requisitos constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos.
Juristas señalan que el estado de excepción no puede ser utilizado para frenar demandas sociales ni aplicarse mediante decisiones arbitrarias del Ejecutivo. Además, advierten que la falta de una ley previa que regule este mecanismo podría derivar en responsabilidades legales para autoridades políticas, policías y militares que ejecuten medidas fuera del marco constitucional establecido por la Constitución Política del Estado y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Fuente: Sala de redacción En Conexión
